La Educación
Superior a nivel mundial se encuentra sujeta a enormes
presiones, tanto de factores externos como internos, lo cual
origina conflictos organizacionales de distinta índole y genera
desconfianza en algunos sectores sobre la real capacidad de las
Instituciones de Educación Superior para generar conocimientos a
través de sus procesos educativos e investigativos, así como
también cuestionan la capacidad y eficiencia con la que
administran los recursos de los que disponen, situación crítica
si se trata de instituciones públicas, ya que en el caso
particular del Ecuador, un elevado porcentaje de los recursos
económicos son asignados por el estado.
En el Ecuador
los actores sociales que ejercen presión son : el Estado como
principal organismo de financiación, el sector empresarial que
demanda cierto tipo de perfil humano y recursos tecnológicos,
los estudiantes, como los actores de mayor importancia, que
pretenden una formación y una acreditación que los posicione
mejor en el mercado laboral, como principal exigencia, y la
sociedad en su conjunto que demanda una mayor participación de
la universidad en la solución de diversas problemáticas
sociales.
La Constitución
de la República vigente desde el año 1998, consagra la
obligatoriedad de las Instituciones de Educación Superior de la
rendición social de cuentas a través de un organismo autónomo de
Evaluación y Acreditación, que coordinará actividades con el
Consejo Nacional de Educación Superior, CONESUP.
La Ley Orgánica
de Educación Superior, que entró en vigencia el 15 de Mayo del
año 2000, recoge la disposición constitucional y ratifica el
establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación y
Acreditación, con la creación de un organismo autónomo
denominado Consejo nacional de Evaluación y Acreditación, CONEA.
Los cuerpos
legales mencionados facultan al Sistema de Evaluación para
evaluar y acreditar a las Instituciones de Educación Superior y
sus Programas.
En este
contexto, es necesario aprovechar la existencia de los procesos
de evaluación para realizar un diagnóstico de la situación
universitaria actual, conocer el resultado, la pertinencia e
impacto de las acciones de las universidades, conocer sus
avances científicos y tecnológicos, ¿cómo se administran y
emplean sus recursos?, identificando sus niveles de eficiencia y
eficacia, y sobre la base de esta información, diseñar y operar
los cambios que permitan reorientar las actividades de cada
institución, para así responder a las demandas sociales con
pertinencia y responsabilidad.
Resulta
evidente que una evaluación de políticas, acciones y resultados,
apunta a introducir los cambios necesarios en las instituciones
de educación superior del país, pero estos no serán posibles
sino existe un liderazgo férreamente comprometido para
efectuarlos.
Dicho de otro
modo la información generada en los procesos de evaluación,
debe transformarse en acciones positivas y deben impulsar un
cambio cultural de las instituciones de educación superior, que
solo será posible si el liderazgo y gerencia de cada institución
demuestran con hechos su voluntad de hacerlo.
En la
Universidad Agraria del Ecuador, los directivos liderados por su
rector Ingeniero Jacobo Bucaram Ortiz se inscriben en la línea
de pensamiento de aquellos que reconocen como ideología que los
principios filosóficos de la evaluación educativa apuntan como
propósito final a mejorar la calidad de vida del ser humano, y
que, su uso racional impulsa el bienestar colectivo, al mejorar
la calidad de los servicios educativos, entendiendo que la ruta
crítica que tienen que atravesar los pueblos para alcanzar el
desarrollo es la educación.
Considerando
que a partir de la creación de la institución en el año de 1992,
se han impulsado una serie de acciones encaminadas a establecer
una oferta educativa de calidad y pertinencia, para dar
respuesta a la demanda de la colectividad ecuatoriana de
capacitación y profesionalización de talentos humanos, cuyo
ejercicio profesional se relaciona con la utilización productiva
racional y la preservación de los recursos naturales renovables
del país, el día Viernes 1 de Junio del año 2007, la Universidad
Agraria del Ecuador, suscribió un Convenio de Cooperación con el
Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación
Superior del Ecuador, CONEA.
El objeto del
mencionado convenio es desarrollar acciones de cooperación entre
las dos instituciones suscriptoras, con el propósito de lograr
una exitosa realización de la autoevaluación institucional con
fines de acreditación en la Universidad Agraria del Ecuador.
Para lograr
esto, los directivos de la Universidad Agraria del Ecuador,
consideran que es necesario identificar los elementos y
variables internas y externas que posibiliten mejorar la
comprensión de sus acciones e impactos, para sobre esta base
emprender acciones correctivas o de fortalecimiento.
Por tanto,
asumen con enorme responsabilidad el compromiso de gestionar
proactivamente el proceso de Autoevaluación Institucional,
impulsando la participación y colaboración de los diferentes
estamentos que la integran, facilitando para ello los recursos
que sean necesarios.
Además,
consideran que los resultados de la Autoevaluación Institucional
son un mecanismo válido para impulsar acciones que mejoren la
calidad, no solo de su oferta académica sino en general de todas
las actividades que desarrolla, lo cual generará diversos
beneficios para la institución, sus integrantes y la
colectividad.
Para lo cual
reconocen a la Universidad Agraria del Ecuador, como un ente
sistémico, complejo, abierto, dinámico, y con un alto grado de
interacción entre sus elementos internos y un entorno
caracterizado por la rápida y continua evolución de los
referentes de sus acciones, como son: el conocimiento científico
disciplinar, los aspectos sociales, institucionales y laborales.
Los directivos
de la Institución reafirman la necesidad de fortalecer y
consolidar un Sistema permanente de generación y análisis de
información que oriente acciones de mejoramiento continuo, que
permitan a futuro: maximizar el uso de sus recursos, generar y
establecer indicadores de calidad de la gestión, unificar normas
y procedimientos, generar fundamentos para una administración
académica exitosa, y rendir cuentas a la sociedad.
Por otra parte,
reconocen que es necesario planificar y organizar la utilización
de los recursos institucionales que se asignarán para
desarrollar el proceso de Autoevaluación , en torno a un modelo
y metodología de análisis de las características
institucionales.
